La cuestión no reside tanto en el hecho de que la política influya en el fútbol, sino en que se utilice a los equipos con fines especulativo-constructores y, en definitiva, para conseguir votos.
He aquí el gran dilema económico del fútbol: prácticamente ningún equipo es rentable si sólo depende de los ingresos generados por los aficionados; son necesarios, al menos para cuadrar las cuentas, los beneficios que reportan los acuerdos televisivos y subvenciones públicas. Sin embargo, estos ingresos, que son más de la mitad del presupuesto para la mayoría de entidades deportivas, desvirtúan el fútbol hasta convertirlo, en ocasiones, en un mero medio especulativo que vive y sirve para la política.
La entrada de la política en el Real Zaragoza se vio, al principio, con buenos ojos: la sociedad anónima deportiva se encontraba con una gran deuda a la que tenía que dar solución de forma urgente y el equipo, una de las instituciones más representativas de todo Aragón, no conseguía superar la mediocridad de la mitad de la tabla. Además, el estadio de La Romareda precisaba de una reforma urgente, o en su caso, de una nueva ubicación, es decir, de unas instalaciones nuevas que pudiese explotar de forma privada la sociedad.
La solución se planteaba sencilla: la entrada de un grupo accionarial apoyado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza provocaría no sólo el aumento de ingresos televisivos por parte de la televisión pública aragonesa, sino que también ayudaría a desbloquear planes urbanísticos que, en 2006, antes de que estallara la crisis económica, se veían como necesarios ante el auge constructor derivado de la celebración de la Expo 2008.
Sin embargo, las formas y los intereses escondidos produjeron la hecatombe. La corrupción se instalaba en el Real Zaragoza, al igual que en el Gobierno de Aragón: Agapito Iglesias compraba las acciones a cambio de la recalificación de las oficinas del Real Zaragoza para poder construir pisos con su empresa; también formaría parte del entramado constructor del nuevo estadio; y, asimismo, se reclamó una recalificación de la Ciudad Deportiva.
La crisis económica estalló, y con ella, todos los objetivos expansionistas de la ciudad se vinieron abajo. Una recalificación de la Ciudad Deportiva se planteaba ya como algo utópico: situada a las afueras de Zaragoza, y con la caída de la venta de viviendas, la operación se hacía inviable. No se encontró un comprador realmente interesado en la construcción de pisos en la actual ubicación de las oficinas del club; y el estadio se quedaba en el aire ante la falta de financiación de un Ayuntamiento que había hipotecado gran parte de sus recursos a medio plazo con la Expo 2008.
Pero la cuestión a analizar y valorar no se trata del hecho de que la política, quizá con unos buenos intereses iniciales, entrase en el club. No. El problema reside en que el tráfico de influencias es un delito. Y, como tal, debería ser investigado. Sin embargo, no existe interés y la trama corrupta que saldría de semejante contencioso podría ser de un volumen escandaloso. Estando el poder judicial tan relacionado con el ejecutivo, desvirtuando la necesaria democrática separación de poderes, la verdadera investigación no se dará hasta dentro de mucho tiempo, o quizás nunca. Es lo que tiene este sistema. Es lo que tiene que la política y los medios hayan convertido la democracia, con todo lo que ello deriva, en un mero espectáculo.
Firmado: Carlos Larroy
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